martes, 4 de septiembre de 2012


RED DE MUJERES DEL CARIBE FRENTE A LOS DIÁLOGOS DE PAZ GOBIERNO – FARC-EP

·      Se invita a las organizaciones sociales a blindar el proceso de paz y a constituirse en coadyuvantes y corresponsables de este proceso, necesario para todas las colombianas  y colombianos. Reivindica también, la participación en el Consejo Nacional de Paz.


El Caribe colombiano, septiembre de 2012. La Red de Mujeres del Caribe (RMC) saluda la iniciativa de los Diálogos de Paz y la firma de la agenda para la negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que tienen como propósito la búsqueda  de una salida negociada al conflicto armado interno que afecta al país y a sus ciudadanos y ciudadanas desde hace más de cinco décadas. Consideramos que en hora buena, el gobierno colombiano y las FARC-EP han optado por una alternativa diferente a la guerra, que ha ocasionado tanto dolor al pueblo colombiano.

Desde el Caribe colombiano esperamos con optimismo que este loable intento por superar la guerra que nos ha afectado de diversas formas a quienes habitamos este amado país, y de manera cruenta a las mujeres, víctimas por excelencia de la violencia implícita en las diversas manifestaciones del conflicto, derive en la tan ansiada paz y reconciliación del país.

Consideramos de trascendental importancia la participación de la sociedad civil en este proceso, teniendo en cuenta los temas contenidos en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Desde la sociedad civil, las ciudadanas y ciudadanos involucrados con los movimientos sociales en la búsqueda de un mejor país, habitantes de territorios atravesados por el conflicto, y comprometidos con la alternativa de la paz, tenemos grandes aportes que hacer a este proceso, que tal como lo plantea la Agenda, debe abarcar diversos aspectos.

En consecuencia, se requiere de espacios y mecanismos que permitan esa participación, que recojan las otras miradas, los análisis, aportes y propuestas en las cuales se refleje el querer de la sociedad en torno a la construcción de la paz. En tal sentido, el  marco para la paz debe responder a los intereses del país consultado con sus  ciudadanos y ciudadanas.

La construcción de la paz está signada por cambios políticos, sociales y económicos, y pasa por el abordaje de aspectos tan trascendentales en este proceso como es el de la reparación a las víctimas por sus pérdidas materiales e inmateriales. De igual manera, es preciso incluir el tema del ordenamiento territorial, teniendo en cuenta que éste se ve afectado por el conflicto armado a nivel nacional, regional y local.
La Red de Mujeres del Caribe, que ha venido abanderando el proceso de Regionalización del Caribe Colombiano, enfatiza con el maestro Orlando Fals Borda (q.e.p.d), que el establecimiento de Provincias y Regiones como unidades territoriales será una contribución a la paz y al progreso porque articulan una visión macro y ayudan a resolver problemas mayores que inciden en los conflictos, y que los Municipios y Departamentos solos son incapaces de resolver. La paz, que va más allá del silenciamiento de las armas, que implica justicia social, requiere a su vez del acceso democrático y equilibrado a la tierra productiva, reordenada  para la paz.  Y en esto la Agenda tiene un espacio en su punto 1: Política de desarrollo agrario integral; es en este punto en donde como región tenemos que sentar nuestros puntos de vista y aportar para que la visión de región y su relación con la paz sea tenida en cuenta.

Reivindicamos la participación en dos espacios precisos dedicados al debate y análisis de las temáticas pertinentes a la construcción colectiva de la paz: el de las organizaciones sociales y el del Consejo Nacional de Paz, creado a través de la Ley 434 de 1998, la cual establece que en la estructuración de la política de paz, que es una política de Estado, permanente y participativa, deben colaborar además de los órganos del Estado, las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil. De tal manera que esta Ley determina que en el Consejo Nacional de Paz tienen asiento, entre otros, los representantes de la sociedad civil, sindicatos, campesinos, indígenas, comunidades negras, sectores económicos, una representante de las organizaciones cuyo objeto sea la protección y defensa de los derechos de las mujeres, dos representantes de las organizaciones que trabajan para el logro de la paz, y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la promoción y la defensa de los derechos humanos.

Invitamos entonces a las demás organizaciones sociales a blindar el proceso de paz, y a protegerlo de quienes absurdamente le apuestan a su fracaso; aportarle, desde nuestra experiencia y conocimientos, al debate de los varios temas de la Agenda, proponer los que a bien consideremos necesarios para complementar el mapa de la paz nacional. Constituyámonos en coadyuvantes y corresponsables de este proceso tan necesario para todas las colombianas  y colombianos.

Queda sentado de esta manera, nuestro compromiso en torno a la construcción de la paz en Colombia, edificada como proceso colectivo y concertado, que consulte y refleje también los intereses de la mayoría de la población, tradicionalmente excluida del poder, y de esta en las regiones.

Región Caribe Colombiana, septiembre de 2012