Socorro Ramirez
Retos a la consulta caribe
El próximo 14 de marzo se votará la Consulta Caribe en el norte de Colombia y en algunos puestos electorales de Bogotá. De este modo, la Costa Caribe colombiana, enriquecida por experiencias anteriores y nuevas iniciativas, vuelve a plantear un debate central sobre la construcción de las regiones y su autonomía.
El Caribe colombiano ha persistido en su aspiración de autonomía. Unas veces ha reaccionado contra el centralismo y la amenaza de exclusión, como lo hizo la Liga Costeña (1919-1922). En otras ocasiones, el regionalismo ha sido la herramienta de un "bloque costeño" que, desde los años setenta, hace valer su importancia electoral en la distribución de cuotas burocráticas en el Estado central. Otras más ha llegado a entidades surpradepartamentales como el Sistema Integral de Planificación Urbana y Regional (Sipur), que despegó en 1974 y se paralizó por disputas internas; o como la región Costa Atlántica con su Consejo Regional de Planificación (Corpes), que de 1985 a 1994 apenas logró hacer oír en Bogotá algunas de sus iniciativas. Desde 1981, siete foros caribeños han perfilado reivindicaciones y pedido participación presupuestal acorde con los aportes culturales, mineros y energéticos de la región. Después de la Constitución de 1991, puso sus esperanzas en el ordenamiento territorial, pero 18 intentos de debatir una ley fracasaron.
En los años dos mil, un esfuerzo académico, político y social desencadena un nuevo intento de poner la regionalización en la agenda pública. Un recuento del proceso, publicado en razónpública.com, muestra cómo distintos encuentros y estudios académicos llevaron en el 2007 a la firma del "Compromiso Caribe" por parte de la élite política y empresarial. En el 2009, condujeron a la elaboración del proyecto de Fondo de Compensación Regional, presentado a parlamentarios costeños y candidatos presidenciales. Y hoy, en el 2010, ocho gobernadores impulsan la Consulta Caribe. Asimismo, ya desde el 2006, la Red de Mujeres del Caribe y otros sectores sociales realizaron cuatro eventos sobre la autonomía regional.
Con la Consulta han surgido no pocos interrogantes. A distintos sectores les preocupa que intereses políticos y económicos de élites clientelistas, corruptas, mafiosas o paramilitares traten de aprovechar el proceso para acumular más poder y liberarse de todo control. Además se preguntan cómo garantizar que un mayor aporte del presupuesto nacional beneficie a los sectores marginados y no a quienes siempre lo acaparan. La Red de Mujeres propuso que en la papeleta del voto quedara claro que la regionalización apunta a un modelo de desarrollo incluyente de amplios sectores y sostenible a nivel ambiental.
Por otra parte, han surgido inquietudes sobre cómo el nuevo intento recoge la diversidad regional dada por el desierto guajiro, la llanura magdalenense, la Sierra Nevada, el puerto barranquillero, las sabanas de Bolívar, la Mojana bolivarense-cordobesa, el valle del Cesar, y del Sinú, de Sucre y las islas de San Bernardo, y el archipélago de San Andrés. Los sanandresanos, en particular, temen quedar, como en otros momentos, supeditados a la Costa, y ver postergada la reconstrucción de su identidad raizal, más cercana al Caribe anglófono. Habría que evitar, además, que se continúe de espaldas al mar, como ya ocurrió a lo largo del siglo XX. Por fortuna, el Compromiso Caribe habla de fortalecer la pertenencia al Gran Caribe.
Un proyecto de ley de ordenamiento territorial implica grandes negociaciones. Las élites políticas centrales tienden a bloquearlo.
Las locales no parecen dispuestas a ser desplazadas por las regiones y estas no pueden reducirse a una agrupación de departamentos empeñados sólo en obtener mayor tajada del presupuesto nacional. La regionalización implica una nueva forma de organización del Estado y de construcción de la nación. Si es adecuada, ayuda a zonas periféricas a integrarse mejor al país, y con los vecinos a lograr una inserción no empobrecedora en la globalización.
