La revictimización de las mujeres lideresas: El caso de las Mujeres de Valle Encantado, Montería-Córdoba, Colombia
Por: Yusmidia Solano Suàrez2
Presentación
En este ensayo se parte de las conceptualizaciones sobre la paz que son materia de debate en la actualidad, explorando su aplicabilidad en el conflicto armado interno en Colombia, que es el trasfondo para situar el análisis de la revictimización de la cual están siendo objeto las Mujeres de Valle Encantado, población cercana a Montería, departamento de Córdoba.
Al mismo tiempo se examina la visión maternalista como uno de los aportes teóricos del feminismo al campo de los estudios sobre la paz.
Las teorías sobre la paz
En los círculos internacionales de investigación sobre la paz, se ha sostenido un interesante debate sobre la categoría analítica “paz”, en qué consiste y cuáles deben ser sus presupuestos, de lo cual han resultado aportes fundamentales en cuanto a las posibles paces que han existido, y las que pueden y deben buscarse. El primer acuerdo entre las personas estudiosas de esta materia es que se sabe más de la guerra que de la paz y eso debe cambiar. Al profundizar en la conceptualización, se llegó a la conclusión que la paz se ha definido más por lo que no es, que por lo que ella representa de positivo para las sociedades, quizá por la tendencia inicial de oponerla al concepto de guerra, con lo cual quedaba justificado reclamarla como su contrario.
Pero la problemática se empezó a complejizar cuando los estudiosos del tema se dieron a la tarea de fundamentar o rechazar los supuestos tradicionales. Básicamente se ha trabajado sobre la paz negativa, la paz positiva y la paz imperfecta, y se ha generado una densa controversia sobre las interpretaciones de cada una de estas categorías, pero son ellas precisamente las que concentran el debate. Según las autoras del estudio “Las Mujeres y la Paz: génesis y evolución de conceptualizaciones, símbolos y prácticas”3, la paz negativa está definida como ausencia de guerra o situación de no guerra; la paz positiva o estructural es aquella basada en la justicia, generadora de valores positivos perdurables y satisfacción de las necesidades humanas.
Dadas las dificultades que presupone el logro de esta última, se acuñó el concepto de paz imperfecta, que entiende la paz como un proceso inacabado y sobre el que se debe trabajar de manera constante, debido a que corresponde, de acuerdo con Francisco Muñoz, su principal exponente, a “un proceso entre la paz negativa y la paz positiva, entre la ausencia de violencia y la preeminencia de la justicia hasta cierto punto, pero es algo más”.
La Paz para las mujeres desde el feminismo
La paz positiva fue definida por Johan Galtung como “ausencia de violencia estructural” entendida eta última como la no satisfacción de necesidades e injusticia social, pero todos estos conceptos son problemáticos a la hora de incluir la situación de las mujeres en las sociedades patriarcales, por los que Birgit Brock-Unte, hace ampliaciones y ajustes a estas categorías, al incluir la violencia colectiva y personal contra las mujeres, retomar de Wiberg la diferenciación entre violencia organizada y no organizada, distinguir entre violencia directa y violencia indirecta y establecer en el análisis los ámbitos de un micronivel (individual) y un macronivel (colectivo).
Así, esta autora propone que la definición de paz negativa signifique “ausencia tanto de violencia personal organizada (usualmente guerra) como no organizada" y elabora un cuadro en que establece seis (6) células en las cuales muestra la complejidad de lo que supondrían la paz negativa y la paz positiva para la gente, pero específicamente para las mujeres. Su definición final es que “la paz es aquí una situación en la que hay tanto la paz negativa como positiva”8, refiriéndose a los componentes diversos que se requieren para garantizar la paz de género, que viene a ser a mi entender, algo más allá, aunque parecido en su concepción compleja, a la paz imperfecta.
Otros aportes a partir de la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones sobre las mujeres y la paz en la Historia son los presentados por Cándida Martínez López, quien señala tres elementos de continuidad y de cambio en la trayectoria histórica de las relaciones de las mujeres con la paz: “el mantenimiento de la práctica femenina de mediación en los conflictos, así como su rechazo a la guerra; la nueva orientación que sobre la paz se introduce en la Ilustración que aleja formalmente a las mujeres de la construcción de la paz, y, por último, cómo el sufragismo y el feminismo recogen y transforman el viejo debate sobre la maternidad y la paz, en el marco de la nueva ciudadanía”.
Sobre esto último, Carmen Magallón10, ha sintetizado la propuesta de Sara Ruddick, llamada “pensamiento maternal”, que consiste básicamente en constatar “que frente a las formas de pensamiento dominantes que se revelan abstractas y destructivas, el pensamiento maternal proporciona una perspectiva crítica que ilumina la destructividad de la guerra y los requerimientos de la paz”… “porque al ser el trabajo maternal amenazado y a menudo destruido por la violencia”… “en la práctica maternal existe un potencial latente que puede contribuir a una política de paz”.
Magallón aclara que no se trata de suponer a las mujeres pacifistas por naturaleza, ni de considerar deseable que el maternaje sea una práctica realizada únicamente por las mujeres, aunque históricamente hasta ahora lo haya sido, por el contrario, el trabajo maternal debería ser asumido práctica y éticamente por toda la sociedad, porque, en palabras de Ruddick, citadas por Magallón, “en si mismo puede ser un entrenamiento para ocuparse de diferencias perturbadoras, y la identificación maternal puede ser transformada en un compromiso para proteger las vidas de otros “niños”, para resistir en nombre de los niños agresiones al cuerpo o al espíritu que violen la promesa del nacimiento.” Para Magallón, entonces, “una valoración autentica del trabajo maternal implicaría una reorganización de los espacios, de las ciudades y del ritmo de la sociedad que tuviera en cuenta que la infancia existe y que es preciso que todos dediquemos parte de nuestra vida a su cuidado”.
Estas son pues las perspectivas analíticas desde las que abordaremos el análisis de la coyunturadel conflicto armado en Colombia, específicamente la situación de las mujeres de Valle Encantado, una comunidad rural en el corregimiento “Las Palomas”, cerca de Montería, departamento de Córdoba.
Colombia: Un conflicto armado de los más antiguos del mundo
Colombia es un país caribeño, amazónico, pacifico (por el océano de ese nombre, no por su cota de paz), andino y orinocense, lo que nos da una idea de su diversidad natural y cultural, ubicado al noroccidente de América del Sur, con una superficie de 2.070.408 km², incluida el área marina reconocida como propia, y una población de 44.091.13315. Su geografía de amplias zonas montañosas, ha sido utilizada para el asentamiento de grupos insubordinados.
De hecho, el país vive una guerra de baja intensidad desde hace más de 60 años16, la cual en ocasiones es mucho más que eso, a la que técnicamente se ha dado en denominar “conflicto armado interno” para hacer referencia a un caso complejo de confluencia de todas las violencias. Sin lugar a dudas este conflicto no se explicaría sin contar con los efectos que la situación económica y política internacional tiene sobre su desarrollo, porque en cada coyuntura esto ha determinado avances o retrocesos en la búsqueda de la paz.
En el año 2003, en el marco de un estudio sobre la atención a la población en situación de desplazamiento17, Rodríguez y Solano diseñaron unos mapas conceptuales que pretendían explicar las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia, en uno de los cuales se mostraba que son tres grandes núcleos problemáticos los que estarían en la génesis del conflicto armado que padece la sociedad colombiana: el alto grado de concentración de la propiedad de la tierra rural y urbana, la exclusión de la mayoría de la población en la configuración del Estado Nación y el alto grado de concentración del ingreso.
El alto grado de concentración de la propiedad de la tierra se originó a partir de procesos violentos de apropiación de la tierra emprendida por los terratenientes quienes despojaban de ella a sus propietarios originales, las comunidades indígenas, Continuando así el legado de los colonialistas españoles y que llevaron a aquellos, a los afrocolombianos y a los campesinos mestizos a ocupar lugares marginales de la geografía nacional.
La exclusión en la configuración del Estado Nación, por su parte, tiene que ver con tres aspectos: En primer lugar, una visión euro céntrica de los criollos respecto al tipo de sociedad y desarrollo que se debía promover, el cual despreció la cosmovisión y las culturas indígenas, que durante siglos se adaptaron adecuadamente a los ritmos del trópico así como los aportes de la población que había sido raptada de África para ser esclavizada, y que ha tratado de imponer la llamada cultura “occidental” como la única válida, en condiciones materiales que no eran las mismas que existían a donde ésta se desarrolló.
En segunda medida, la consolidación de dos partidos de las elites que hegemonizaron el control del Estado y vedaron la participación de la mayoría de la población en los asuntos del poder político, y en tercer termino, la supeditación de los intereses del conjunto del país a las exigencias del modelo de acumulación capitalista internacional, del cual siempre se ha sido dependiente, y que propició un desarrollo dual: algunas regiones, (sería más preciso decir, algunas ciudades), con niveles parecidos a las grandes urbes del mundo, como las del llamado “triangulo de oro” (Bogotá, Medellín y Cali) y otras rezagadas, como las zonas no andinas y rurales.
Esta combinación de variables propició modelos de desarrollo excluyentes e insostenibles ambientalmente, que a su vez generan pobreza, indigencia y marginalidad, frente a lo cual la población reaccionó con gran inconformidad social, por un lado, y con una cultura del consumismo que es caldo de cultivo para que prosperen toda suerte de economías informales e ilícitas, por el otro.
La exclusión en la configuración del Estado Nación, la concentración de la propiedad de la tierra, la carencia de una cultura de derecho y justicia social y la poca apertura de espacios democráticos y de control social, son condiciones que han conllevado al trámite violento de los conflictos, que supone la perdida de la hegemonía estatal en el manejo de las armas y la aparición de autodefensas campesinas que más tarde darían origen a las FARC. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, por su parte, también aparece en los años sesenta, a partir de la influencia del triunfo de la revolución cubana, cuya teoría del foco guerrillero, quisieron, pero no pudieron emular.
La corrupción y descomposición social, asociadas a la impunidad, conllevan a la crisis de legitimidad del Estado, lo que sumado al hecho de no existir el control hegemónico del uso de las armas y a una inconformidad social creciente constituyen la condiciones
primigenias del conflicto armado, que después de muchos años de caracterizarse como de baja intensidad se pudo desarrollar gracias a todo tipo de economías informales e ilícitas, que llevaron a las FARC, hoy altamente alejadas de la defensa de los intereses populares, a ser funcionales en la dinámica perversa de la guerra y a financiarse con recursos procedentes del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
La hipótesis que planteamos es que sin la existencia del narcotráfico, basado en las altas ganancias que genera un consumo creciente de cocaína en Estados Unidos y el mundo, el conflicto armado colombiano quizá ya se hubiera superado o sería un asunto marginal, pero este negocio con sus secuelas de destrucción y muerte, se enseñoreó en el país por la debilidad estructural de un Estado con las características que hemos venido señalando.
En efecto, entre 1970 y 1980, se dio un auge de la exportación de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa y correlativamente en 1987 el narcotráfico desde Colombia se expandió significativamente porque además de la comercialización, se introduce en las zonas selváticas de este país también el cultivo de la coca que antes se realizaba en Perú y Bolivia. El narcotráfico, fuente de enriquecimiento fácil, generó corrupción, constituyendo redes que comprometieron a todos los actores presentes en el conflicto armado colombiano y creó una nueva economía que se mantiene como el principal combustible del conflicto.
El Estado, desde sus inicios ha sido puesto al servicio de los intereses de una elite que ha usado como método privilegiado la violencia contra la protesta social. Los gobiernos unos, más que otros, han aprovechado la existencia del conflicto armado como justificación para satanizar y reprimir a líderes populares y a la oposición política.
Crisis humanitaria y degradación del conflicto actual
Es por todo esto que desde hace ya varias décadas la dinámica del conflicto no responde al desarrollo de las causas que lo originaron sino que se ha hecho más complejo por la mayor incidencia de factores externos, como la injerencia de Estado Unidos en los asuntos internos de los países de América Latina, que si bien estaban presentes desde el principio ahora influyen de una manera más evidente y directa. Así mismo entran en juego nuevos actores como los paramilitares en la década de los ochenta, quienes mayoritariamente también son narcotraficantes.
El narcotráfico, con su alter ego, el paramilitarismo, propició una contrareforma agraria que produjo la descampesinización del sector rural y al más grande despojo de los bienes y derechos de la población campesina del país, que se ve obligada a desplazarse a los centros urbanos para proteger su vida. Por eso al mantener la guerra, todos los que tienen poder económico (incluida la guerrilla) o político, ganan, mientras que los excluidos de estos, sufren las consecuencias de la imposición de proyectos de sociedad que no tienen que ver con sus intereses.
Hoy nos encontramos con una sociedad militarizada y con un Estado controlado por las mafias, por lo que la crisis humanitaria es cada vez más profunda. Crisis humanitaria es aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia, generando crisis alimentarias, enfermedades, desplazamientos forzados de población, y movilización importante de recursos internacionales en términos de ayuda, que si no se suministra con suficiencia, eficacia y diligencia desemboca en una catástrofe humanitaria.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR) asegura, según el informe de sus operaciones correspondientes al año 2008, que la crisis humanitaria en Colombia continúa.
Allí se señala que en el conflicto armado que se vive en este país el mayor número de víctimas son civiles, lo cual es una violación al derecho internacional. Así, entre dos y cuatro millones de civiles han sido objeto de amenazas de muerte, ataques directos o reclutamiento forzado. El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christopher Beney, indicó que “desgraciadamente demasiados civiles siguen siendo el blanco de los portadores de armas en Colombia”.
“En 2008, el CICR registró más de1 1.600 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas 300 ejecuciones sumarias, 205 ataques directos contra civiles, 289 desapariciones y 83 casos de desplazamiento forzado. El total de casos de personas desaparecidas relacionadas con el conflicto armado que el CICR ha documentado desde 1994 hasta el 2008 son más de 4.730. Estas cifras ponen claramente en evidencia que las partes en el conflicto no velan lo suficiente para que sus combatientes respeten y protejan a los civiles y a las personas que ya no participan en las hostilidades”19 agregó Beney.
Asimismo, el funcionario del CICR lamentó “que los choques por la posesión de la tierra, la ocupación de bienes civiles, la toma de rehenes, las desapariciones forzadas y el uso de minas va en aumento por la presencia de nuevos grupos armados que obligan a los civiles a huir y dejarlo todo”. Además resaltó “que el organismo ofrece asistencia a cerca de 73.000 desplazados internos, cuya cantidad ha aumentado en 10 por ciento más que el año pasado”. Precisó que “dos de cada tres desplazados internos colombianos que reciben ayuda de la Cruz Roja han dicho que fueron amenazados de muerte para abandonar su tierra, mientras que uno de cada diez fue amenazado de ser reclutado en un grupo armado, entre los cuales 22% pertenece a minorías étnicas”.
Las agresiones sexuales dentro del conflicto armado son un fenómeno que empieza a tener visibilidad. Sin embargo, aún persiste el temor y la vergüenza que impiden que día a día los casos sean denunciados por las víctimas. De acuerdo al informe del CICR, durante el 2008, 121 personas denunciaron casos de violencia sexual. Entre las victimas asistidas se presentaron 65 casos de niñas menores de edad violadas o abusadas sexualmente por los actores armados, la mitad de los casos registrados, seguido por 33 casos de mujeres, 13 de hombres y 10 de niños.
Según los datos del CICR, en el contexto de este conflicto han perdido la vida un promedio de 4.500 personas por año, principalmente civiles y se ha provocado el desplazamiento masivo de tres millones de personas y el refugio de cientos de miles en países fronterizos y en otros continentes24. La agencia presidencial Acción Social difiere de la cifra total de desplazados y afirma que el número oscila entre 2,6 millones de personas, mientras que la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, dice que hay unos 4 millones de desplazados en Colombia.
A pesar de estas evidencias, el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR, Eduardo Pizarro, dijo en el Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción y Reconciliación que se realizó en Cartagena en Mayo de 2009, que “el conflicto armado en Colombia está terminado”. A su juicio, “hay un debilitamiento creciente del ELN, quienes prácticamente son una sombra del pasado; las FARC están viviendo probablemente su peor momento en la historia; y las bandas criminales emergentes son mucho más fáciles de combatir que los grupos paramilitares del pasado”, esto último es un consuelo para tontos, porque no puede dejar de reconocer que “aunque se han desmovilizado 48 mil personas, alrededor del 8% se han reciclado en la vida criminal, para integrar las 22 bandas criminales que existen. Se estima que son unos 2 mil hombres en armas que están afectando la seguridad de 17 departamentos”.
Con sus declaraciones, se comprueba que igual que el presidente de la República, Alvaro Uribe Veléz, el presidente de la CNRR, niega la permanencia del conflicto armado, desestima la gravedad de lo que le ocurre a la población civil y ve con buenos ojos los rumbos del fracasado proceso de desmovilización de los paramilitares, quienes no han dejado de delinquir, ni han entregado sus bienes para la reparación de las victimas, frente a todo lo cual se pregunta la periodista María Teresa Ronderos, si la aplicación de la Ley de justicia y paz es una monumental farsa30. Podría serlo, porque tal como van las cosas todo conduce a garantizar una alta impunidad al paramilitarismo desmovilizado.
Además, el desarrollo futuro de los nuevos grupos, que ya tienen presencia en un tercio del territorio del país, es incierto, pero no por ello, menos peligroso, al volverse a poner en manos privadas gran cantidad de armamento sofisticado, hombres e inmensos recursos con alta capacidad de corrupción siendo hasta ahora embriones de futuros ejércitos irregulares.
Parece que el ciclo de violencia ligado al narcotráfico se inicia una vez más y no dejará de hacerlo hasta cuando no se haya dado una salida no militar a este negocio, que de todas maneras continuará existiendo, a pesar de las medidas represivas en su contra, lo que conlleva a hacerlo más sangriento, pero no por ello menos rentable.
Los protagonismos de las víctimas: las Mujeres de Valle Encantado
Las mujeres de Valle Encantado son en total quince campesinas organizadas, de bajos ingresos económicos en su unidad familiar y con jefatura de hogar reconocida, que fueron reubicadas en la zona del Sinú Medio en la finca “La Duda El Tomate” negociada con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA bajo la modalidad de “Mujeres con jefatura de hogar desplazadas por la violencia política” en el Corregimiento de “Las Palomas”, Municipio de Montería en el Departamento de Córdoba. Empezaron a funcionar como organización de hecho hace doce (12) años aproximadamente y con gran esfuerzo y asesoría de la Organización no gubernamental, “Taller Prodesal” han ganado espacio, reconocimiento, liderazgo y experiencia en negociación. Al decir de Angela Rodríguez, “La adjudicación, que fue su primera y gran conquista, las empoderó, en términos de afirmar sus capacidades, de proyectar su liderazgo y de convertirlas en el único grupo de mujeres en Córdoba y el primero de mujeres desplazadas y jefas de hogar en Colombia que, hasta ese momento (diciembre de 1997), había logrado la tenencia”.
La lideresa de este proceso ha sido María Zabala, quien tuvo que desplazarse de sus tierras cuando hace 20 años, los paramilitares asesinaron alevemente a su esposo y al mayor de sus hijos. Embarazada y con seis niños que le quedaban, llegó a Montería en donde le tocó vivir en condiciones ignominiosas en una concentración de población que igual que ella y su familia había sido desplazada por grupos que supuestamente erradicaban la guerrilla, pero que escondía tras de este presupuesto, el interés económico de quedarse con sus tierras. Lavando ropa consiguió alimentar a su familia y capacitarse en enfermería.
Después de mucho esfuerzo, gran iniciativa y capacidad de adaptación al cambio, transformándose junto con las circunstancias, capacidad aprendida de muchas generaciones de mujeres campesinas e indígenas, María junto con catorce mujeres más logran el propósito de tener una parcela y regresar a la vida rural. Los avances logrados en todos estos años y a partir de un proceso organizativo, no exento de conflictos al interior de la comunidad, son los siguientes:
“- Cada una de las familias de Valle Encantado, con un promedio de 8 personas, posee una parcela de 8.5 hectáreas, cuenta con vivienda definitiva, dispone de un potrero, en promedio de 5 hectáreas, con un asno y 2 vacas, un pie de cría de gallinas criollas, pavos y cerdos en producción, tienen cultivados un promedio de 3.500 metros cuadrados en plátano cada una y 715 metros cuadrados de hortalizas (berenjena, habichuela, col, pepino y ají.), cultivos transitorios de maíz y/ o arroz, yuca y ñame y, aún cuando tienen dificultades para pagar los costes de la educación, sus hijos e hijas están estudiando en los centros educativos públicos de la localidad. Los ingresos son precarios aún, en promedio cada una percibe sólo el 50% del salario mínimo legal vigente.
- La comunidad de Valle Encantado posee un área de aproximadamente 5.500 metros cuadrados, con 145 metros cuadrados en construcciones, un huerto de frutales, una cancha de micro fútbol, un pequeño parque infantil, dotación de juegos para niños y niñas y un banco de herramientas agrícolas.
Cuenta con una cooperativa cuyo objeto principal es la comercialización y dispone de un capital de trabajo aportado por el Ministerio de Agricultura; un grupo juvenil y un grupo de mujeres de hecho. Además, la comunidad cuenta con un capital relacional, que le posibilita acceder a servicios de salud que ocasionalmente prestan Médicos Sin Frontera y, PROFAMILIA y una ayuda alimentaria para la infancia que aporta el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y Bienestar Familiar”.
Pero a pesar de haber pagado gran parte de la deuda sobre la tierra que les fue adjudicada, las mujeres del Valle Encantado están ad portas de volver a perder la propiedad por la imposibilidad de pagar las cuotas establecidas por el INCORA. Se han acogido a algunos beneficios que se establecieron para mujeres campesinas, pero no ha sido suficiente para terminar de pagar la hipoteca, solicitando ahora que les condonen la totalidad de la deuda que tienen contraída con esa institución. Como se ve a pesar de toda la reglamentación que se ha logrado para proteger y reparar a las víctimas34, no se ha podido garantizar la devolución de las tierras a mujeres que han sido despojadas de ellas por alguno de los actores del conflicto armado en Colombia y tampoco se les adjudica la tierra a donde llegaron sin tener que pagarla. Tan cierto es, que nadie da cuenta de sus anteriores propiedades.
Por el liderazgo que representó hacer posibles todos estos logros, que asumió siendo analfabeta, en su condición de madre y viuda, sin rencores en su corazón, con sabiduría de mujer popular, aprendida de sus ancestras y apelando a un gran sentido de reconciliación y justicia que se requiere para hacer la paz, Maria Zabala fue nominada por el director de la revista “Expectativa” de Montería como mujer Cafam de Córdoba, título que ganó con suficientes méritos, que luego la llevaron a ser elegida Mujer Cafam de Colombia, en el año 2004, por su ejemplo de superación y solidaridad con familias campesinas desplazadas en el departamento de Córdoba. Pero ahora María ha sido amenazada según declaraciones de la Defensora del Pueblo de Montería, Julia Rodríguez Guerra, quien dijo que algunas personas en moto han llegado a la
casa de María y le han dejado mensajes de amenazas con sus hijos35. También están en esta situación otras dos mujeres lideresas de la población desplazada: Nohora Villegas (del predio Nuevo Horizonte que queda al lado de Valle Encantado) y Carmen Herrera (de la Asociación de Mujeres del Quindío, otro predio hipotecado a población desplazada).
Estas amenazas se dan “por haber sido lideresas con férrea convicción del papel de las mujeres en la construcción y levantamiento de una nueva sociedad alejada del rencor que produce la violencia, porque no han dejado imperar en sus pequeños poblados a los que creen en el poder de las armas, porque han podido desde ellas mismas ser dueñas de sus destinos” y también “por la osadía de reclamar las tierras que los paramilitares le usurparon a incontables labriegos, parceleros y pequeños propietarios. Tierras que aún siguen en poder de los paras a través de conocidos testaferros de nombres impronunciables.
Los mismos que quieren perpetuar el terror que aún sigue vigente en Córdoba”.
Añadiríamos que se les amenaza además por exigir el esclarecimiento de lo sucedido con sus familiares, es decir el establecimiento de la verdad, por exigir justicia y reparación material y simbólica.
Estos no son casos aislados. Las mujeres, mayoritariamente víctimas sobrevivientes del conflicto armado, cuando se atreven a denunciar, corren el riesgo de ser revíctimizadas.
Desde hace dos años, las mujeres son el centro de los ataques a las víctimas: el 20 de Enero de 2007, fue quemado por manos criminales el Centro Comunitario de “La Ciudad de Las Mujeres” construido por la Liga de Mujeres Desplazadas y ubicado en Turbaco, Bolívar; el 31 de enero de ese mismo año, fue asesinada en Montería, Yolanda Izquierdo Berrío, mujer campesina que lideraba la reclamación de títulos de tierras de 700 familias que fueron despojadas por los paramilitares, y quien era parte del grupo de víctimas que estuvo presente en la audiencia del paramilitar Salvatore Mancuso. En Medellín, por móviles de la misma índole, fue asesinada Judith Vergara Correa.
El 7 de febrero de 2007, fue asesinada Carmen Cecilia Santana Romaña, en el municipio de Apartadó, Antioquia. Carmen de 28 años de edad dejó huérfanos a tres hijos menores, Camila, Andrés y Sebastián (estos dos últimos habían perdido a su padre Marco Tulio Hernández, trabajador bananero asesinado en 1995).
Más recientemente, la niña indígena Mayerli Alejandra Legarda Quilcué es el objetivo militar de actores armados en el Cauca, luego de enfrentar el asesinato de su padre hace sólo cinco meses y las constantes amenazas de vida contra su madre, Esta menor de edad, hija de la ex consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca – Cric, Aída Quilcué, fue víctima de un atentado en su propia residencia en la vereda Clarete de Popayán.
Según la denuncia hecha por la Ruta Pacífica de Mujeres, con este hecho se demuestra la persecución constante de la que Aída Quilcué ha sido víctima desde su liderazgo en la Minga Indígena del año anterior, donde más de 25 mil indígenas exigieron al Estado el cumplimiento de los acuerdos pactados y el respeto por la vida de sus lideresas, líderes y autoridades, sus procesos organizativos y el fin de las amenazas en sus territorios ancestrales.
Esta es solo una breve reseña de casos hechos públicos, pero la práctica de amenazas, persecución y asesinatos a las víctimas que reclaman el derecho a la verdad, la justicia y la reparación es sistemática, como se pude concluir del informe del CICR, que hemos citado.
Pero hay más. La gravedad de la violencia sexual contra las mujeres a manos de los grupos armados no nos permite dejar insistir en evidenciarla, porque constituye “una práctica común en el contexto de degradación del conflicto armado colombiano y de desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados. En los informes anuales que realiza la Mesa Mujer y Conflicto Armado, de la cual hablaremos más adelante, se documenta que efectivamente tanto el ejército, los paramilitares y la guerrilla han ejercido violencia sexual contra miles de mujeres en Colombia.
En los informes que la Mesa presenta, se han documentado prácticas de violencia de género en el marco del conflicto armado colombiano que mujeres, jóvenes y niñas de diversos grupos poblacionales y en diferentes regiones del país han padecido, clasificadas en 19 distintas categorías.
La complejidad de la paz posible
Frente a la situación descrita, la pregunta pertinente sería ¿qué posibilidades existen de superar el conflicto armado? Según Markus Schultze-Kraft41, con la liberación unilateral e incondicional de seis rehenes en 2008, la cúpula de la guerrilla (FARC, en este caso) estaría buscando fortalecerse más política que militarmente, primacía que no establecía desde hace tiempo, lo que debería ser aprovechado por el gobierno colombiano para una negociación de paz.
Según este analista, “el gobierno debería dar prioridad a asumir su responsabilidad y buscar junto con la sociedad colombiana la manera de cómo se podría plantear una negociación de paz seria con una guerrilla debilitada, pero con una estructura organizacional y un liderazgo todavía más o menos intactos”.
Pero una cosa es esta lógica del sentido común y desde la perspectiva de lo conveniente para parar la guerra y garantizar que la población no siga siendo atacada y otra la de quienes les interesa mantenerla para poder proteger su poder político, económico y militar.
Al corroborar que lo esto último es lo que prima, se hace discutible la validez de los conceptos de paz negativa y paz positiva para el caso colombiano.
Como se ha demostrado con los hechos, ni siquiera la paz negativa, el cese de las acciones armadas, mucho menos la paz positiva, los cambios estructurales, son posibles en el corto plazo en Colombia. No hay paz negativa, porque la guerra se convirtió en la mejor forma de mantener el negocio del narcotráfico y en la garantía para mantener el control sobre los recursos y las personas. Baste reconocer que la expropiación de tierras a los campesinos para garantizar el poder territorial está vigente, sea por la vía de nuevos desplazamientos, o mediante amenazas y asesinatos a quienes como María Zabala y las demás mujeres víctimas reclaman la devolución de las tierras que le fueron robadas a sangre y fuego.
La tendencia que se observa actualmente es a consolidar el poder paramilitar en la política y la economía del país y esto no se logra por medios pacíficos. La imposición de tal estado de cosas se da mediante la violencia. Seguirán desconociendo todo reclamo de las víctimas, desmantelando toda oposición al régimen narcotraficante que se apodera de las instituciones y el conjunto de la sociedad.
Ni siquiera a la precaria paz negativa tenemos derecho, porque la violencia se volvió funcional a la acumulación capitalista mafiosa. La violencia paramilitar se usa para mantener el despojo de bienes y derechos que conlleva la violencia estructural.
Ni qué decir cuán lejos estamos de una paz positiva. Las garantías para emprender reformas estructurales que conlleven a que la mayoría de la población disfrute plenamente de los derechos humanos, requerirá de cambios importantes en el contexto internacional, pero sobretodo de la legalización del narcotráfico, que no es posible realizar de manera unilateral por Colombia dada la dinámica de este mercado, que también está globalizado y que no controla directamente Estados Unidos, pero sobre el cual ejerce influencia en la oferta y la demanda con su política de acabarlo por la vía de la represión armada, lo que junto con la llamada “guerra al terrorismo” garantiza y justifica al mismo tiempo tener aceitada su industria armamentista.
Entonces estamos frente a un círculo vicioso, porque para conseguir la paz negativa se requieren cambios trascendentales, por no llamarlos estructurales, que de llegar a producirse nos llevarían a aproximarnos a la paz positiva. La complejidad de la paz posiblepuede asimilarse entonces, más a la paz imperfecta, porque sería un proceso de avances y retrocesos en que la presión se debe centrar fundamentalmente en parar las acciones contra la población de las zonas de controladas por los actores armados, es decir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario ya.
El Movimiento de Mujeres dedicado a la búsqueda de la Paz
En la búsqueda de la paz imperfecta ha estado empeñado el movimiento de mujeres de Colombia, en sus diversas expresiones, aunque no se le reconozca con esta denominación.
Y ha sido así, desde los años ochenta, cuando aconteció la crisis del enfrentamiento del cartel de Medellín contra el Estado. Las feministas que han estado liderando las luchas por la defensa de la vida y el ejercicio de los derechos humanos, en principio denunciaban los efectos diferenciados de la guerra en la vida de las mujeres desde un enfoque de violación de los derechos ciudadanos de las mujeres, pero esto no lograba acercarlas a los problemas concretos que padecían las mujeres en el conflicto armado.
Posteriormente, se han puesto al frente de acciones de toda índole, con mucha creatividad, para pedir el cese al fuego, acuerdos humanitarios y la negociación política del conflicto armado, lo cual conllevó a trabajar con las mujeres víctimas, que se asumían como tales a partir de su condición de madres, esposas, hermanas o familiares de los hombres afectados por la guerra. Esto condujo a que casi todas las organizaciones, redes y movimientos apelen a esta condición de dolientes de las mujeres para exigir la terminación del conflicto y los efectos sobre la vida de las mismas, como sustento ideológico y político de sus reclamos.
De hecho, las mujeres de los diversos movimientos realizaron la más grande marcha en Colombia contra la guerra, el 25 de julio de 2002 en Bogotá, cuando 40.000 mujeres llegadas de todos los rincones del país, exigieron el cese a todas las forma de violencia contra las mujeres y la búsqueda de una salida política al conflicto, empezando por los la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, DIH por parte de todos los actores de la guerra.
Para las diversas organizaciones y movimientos de mujeres de Colombia también ha sido prioritario aplicar la Resolución 1325 (año 2000) de la Organización de Naciones Unidas, que “afirma la plena participación de las mujeres en los esfuerzos por mantener y promover la paz y seguridad, así como la necesidad de reconocer y potenciar su rol en la toma de decisiones con respecto a la prevención y solución de conflictos”.
Se ha aprovechado que en el Articulo 8 de esta resolución, “se exhorta a todos los que participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adopten una perspectiva de género, en que se tenga en cuenta y se incluyan, entre otras cosas: a) Las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos”, para presionar por la aprobación de las leyes y decretos que ya mencionamos en el pie de página No.34, pero que son letra muerta a la hora de llevarse a la práctica. En cuanto a: “b) Medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres locales y los procesos autóctonos de solución de conflictos y para hacer participar a las mujeres en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz45”, se ha logrado la inclusión de dos mujeres en la CNRR, la cual por su composición con mayoría de partidarios del gobierno, desafortunadamente se ha convertido en un organismo de apoyo a éste y no a las víctimas.
Respecto al Art. 10, en el cual “se insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado46, hemos señalado ya lo que en particular lleva a cabo la Mesa de Mujer y Conflicto Armado, pero además dada la insistencia de las organizaciones de mujeres en la importancia y urgencia de atender las consecuencias de la situación, se ha empezado a visibilizar las violaciones y demás vejaciones y abusos sexuales contra las mujeres y una sentencia de la Corte Constitucionalla reconoce como crimen de guerra.
Pero además del movimiento de mujeres, iniciativas ciudadanas de todo tipo surgen continuamente para parar la guerra, denunciar sus efectos sobre la población civil y en búsqueda de salidas concretas a la crisis humanitaria, como la minga indígena del año 2008, cuando 25 mil indignas del sur del país se movilizaron primero a Cali y después Bogotá para pedir el respeto a sus territorios ancestrales y a sus vidas.
Las marchas del 4 de febrero de 2008, contra las FARC y a la del 6 de marzo del mismo año por las víctimas y en contra de la impunidad, son fenómenos mediáticos nuevos de gran trascendencia, que se deben analizar en su significación y aportes en la superación de la guerra, pero no es el objeto de este ensayo. Sólo diremos que en ambos casos se ha manifestado el cansancio de la población en contra de tan sostenida y perdurable violencia.
Más recientemente, varias ONG colombianas presentaron el 20 de mayo de 2009 en Bruselas la página web "ColPaz", que pretende convertirse en una "plataforma informativa" de referencia sobre el drama humanitario causado por grupos armados en Colombia. La red ColPaz, fundada en el marco de un vínculo institucional entre la Universidad Católica Lovaina (UCL) y la Universidad Nacional de Colombia, ha sido impulsada por las ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Federación Internacional de Comités Libertad (FICIB) y Planeta Paz. El responsable de la UCL Matthieu de Nanteuil explicó en rueda de prensa que el sitio web (www.colpaz.org), disponible a partir de esa fecha en español, inglés y francés, ha sido concebido como un "observatorio del conflicto armado y la situación humanitaria en Colombia". Encontramos también que en las últimas liberaciones de secuestrados dio resultados el "intercambio epistolar" con las FARC, a través de Internet que concibieron y desarrollaron el grupo de “ciudadanas y ciudadanos colombianos por los Acuerdos Humanitarios”, que comenzó sus actividades en el año 2008.
La “Mesa Mujer y Conflicto” referenciada antes, es un espacio de coordinación y reflexión conformado en septiembre del año 2000 que publica informes anuales que la agrupación envía a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer y a otras instancias nacionales e internacionales. “Los informes muestran una diversidad de voces recogidas por la Mesa en su esfuerzo por mostrar las formas de violencia que afectan las vidas de mujeres, jóvenes y niñas colombianas en contextos de conflicto armado”, como ellas misma los caracterizan.
Otras organizaciones y redes que desarrollan una importante labor de trabajo por la paz y con las víctimas del conflicto armado, son la Ruta Pacifica de Mujeres, Iniciativa de Mujeres por la Paz, Redepaz, Red de Mujeres del Caribe, Confluencia de Mujeres Democracia y Paz, Red Nacional de Mujeres, Mujeres Paz-cificas, y muchas más que sería largo enumerar. Baste decir que la mayoría trabajan con el enfoque maternalista en su lucha por la paz, porque parten de la condición de las mujeres como madres, esposas, hijas y hermanas de los hombres en sus reclamos por las víctimas, pero no es ciertamente la visión potenciadora de cambios en la sociedad frente a la guerra que promueve Sara Ruddick, sino que más bien apela a la responsabilidad tradicional de las mujeres frente a las familias, quizá porque en medio de tanta ignominia de la violencia en todas sus formas, el debate en torno al cuestionamiento de la responsabilidad del maternaje no ha sido prioritario.
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