domingo, 20 de noviembre de 2016

Llamamiento a la acción


 

LA COLECTIVA FEMINISTAS EMANCIPATORIAS Y LA RED DE MUJERES DEL CARIBE


CONVOCAN:

A todas las mujeres y hombres colombianos a participar en la construcción de un país en paz refrendando, impulsando y haciendo veeduría a la aplicación de los acuerdos definitivos a los que han llegado el gobierno colombiano y las FARC- EP el pasado 12 de noviembre.

La eliminación de todos los tipos de violencias debe ocuparnos prioritariamente en este momento histórico que vivimos y más aún la violencia contra las mujeres, la cual sólo se erradicará con la intervención de todas y todos a favor de una política que respete nuestras vidas y sus maravillosas expresiones de diversidad. Donde quiera que estemos, actuemos como seres políticos y de derechos: en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestras organizaciones, en los escenarios de paz y de decisión del orden social y político en Colombia y el mundo.

Convocamos a todas las personas a comprometerse con el esclarecimiento de la verdad, la democracia profunda y la justicia social, con la prevalencia de los derechos de humanas, humanos y los de la naturaleza, realizando el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de violencia contra las Mujeres, un pacto de respeto y no agresión contra las niñas, las jóvenes, las adultas y las mayores. 

Desde cualquier lugar, desde todas las convicciones y pensares, desde todos los sentires, podemos aportar a una vida digna,  un buen vivir, una vida en paz:

¡¡Todas y todos nos merecemos la democracia y la Paz!!

¡¡En la integralidad de nuestro ser reside nuestra dignidad humana: la violencia contra las mujeres debe ser un intolerable social!!

¡¡La paz empieza en nuestro ser interior  y se proyecta con el accionar político!!


POR LA CONVIVENCIA PACIFICA Y RESPETUOSA CON LAS MUJERES, COMO FUNDAMENTO DE UNA VIDA EN PAZ, CON JUSTICIA SOCIAL Y DEMOCRACIA PROFUNDA, 
¡FIRMA TU PACTO DE PAZ!

lunes, 7 de noviembre de 2016

La protección jurídica y de seguridad para las mujeres, en la vida diaria, es una medida a trabajar en el marco de los diálogos entre el Gobierno colombiano y ELN.


El caso ocurrido en Barranquilla, donde un “defensor” público, Jaime Salazar Quintero, violó a su hija de 14 años y tuvo un hijo con ella, es uno de los tantos que están agazapados en las instancias de los servidores públicos operadores de justicia, desde donde se supone deben direccionar las medidas para proteger los derechos humanos de la ciudadanía.

Precisamente, en la protección de estos derechos Colombia sigue presentando altos grados de impunidad, tal como consta en el informe de derechos humanos de la ONU 2016 sobre Colombia[1]. Allí vemos que en materia de los derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país en 1969 y referidos a los temas el conflicto armado interno, el paramilitarismo, la criminalización de la protesta social, la libertad de expresión y de prensa, los derechos de las mujeres y la justicia transicional, Colombia se “rajó”.

En ese informe se expresa que tal vez donde más ha fallado el país es en la protección de los derechos de las mujeres. Hace énfasis en la impunidad en los casos de violencia sexual y en la violencia que las mujeres sufren en el marco de la vida diaria y cuestiona la asistencia prestada a las mujeres en la judicialización de casos de violencia intrafamiliar, de violaciones y el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional que permite el aborto en tres casos excepcionales.
Se analiza cómo, a pesar de esta orden, "la mayoría de los abortos son clandestinos e inseguros.”

Esta inoperancia en las medidas de protección para garantizar los derechos humanos de las mujeres y otros sectores de población por parte del Estado colombiano debe ser uno de los temas a tener en cuenta en la nueva agenda del proceso de negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

El tema de las demandas jurídicas y de seguridad, que hemos esbozado las mujeres en nuestras agendas y que están contenidas en el CONPES 161, específicamente en su eje:” Una vida libre de violencias contra las mujeres” en el marco de la vida cotidiana, más allá del conflicto armado, se convierte en una de nuestras propuestas para los diálogos territoriales y nacionales enunciados en el marco de este nuevo proceso; ya que en el proceso con las Farc EP las medidas fueron referenciadas a situaciones en el marco del conflicto armado.






[1] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-se-raja-el-examen-de-derechos-humanos-de-onu-articulo-661321.