El caso ocurrido en Barranquilla, donde un “defensor”
público, Jaime Salazar Quintero, violó a su hija de
14 años y tuvo un hijo con ella, es uno de los tantos que están agazapados en
las instancias de los servidores públicos operadores de justicia, desde donde
se supone deben direccionar las medidas para proteger los derechos humanos de
la ciudadanía.
Precisamente, en la protección de estos derechos Colombia
sigue presentando altos grados de impunidad, tal como consta en el informe de
derechos humanos de la ONU 2016 sobre Colombia[1]. Allí vemos que en materia
de los derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, ratificado por el país en 1969 y referidos a los temas el conflicto
armado interno, el paramilitarismo, la criminalización de la protesta social,
la libertad de expresión y de prensa, los derechos de las mujeres y la justicia
transicional, Colombia se “rajó”.
En ese informe se expresa que tal vez donde más ha fallado
el país es en la protección de los derechos de las mujeres. Hace énfasis en la
impunidad en los casos de violencia sexual y en la violencia que las mujeres
sufren en el marco de la vida diaria y cuestiona la asistencia prestada a las
mujeres en la judicialización de casos de violencia intrafamiliar, de
violaciones y el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de la orden de la
Corte Constitucional que permite el aborto en tres casos excepcionales.
Se analiza cómo, a pesar de esta orden, "la mayoría de
los abortos son clandestinos e inseguros.”
Esta inoperancia en las medidas de protección para
garantizar los derechos humanos de las mujeres y otros sectores de población
por parte del Estado colombiano debe ser uno de los temas a tener en cuenta en
la nueva agenda del proceso de negociación entre el Gobierno y el Ejército de
Liberación Nacional.
El tema de las demandas jurídicas y de seguridad, que hemos
esbozado las mujeres en nuestras agendas y que están contenidas en el CONPES
161, específicamente en su eje:” Una vida libre de violencias contra las
mujeres” en el marco de la vida cotidiana, más allá del conflicto armado, se
convierte en una de nuestras propuestas para los diálogos territoriales y
nacionales enunciados en el marco de este nuevo proceso; ya que en el proceso
con las Farc EP las medidas fueron referenciadas a situaciones en el marco del
conflicto armado.
[1] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-se-raja-el-examen-de-derechos-humanos-de-onu-articulo-661321.
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